El 27 de setiembre del 2018, la entonces ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, firmó el Acuerdo de Escazú. Este convenio, que hasta ahora ha sido suscrito por 22 países, tiene como objetivo "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales" y requiere de once ratificaciones de los estados firmantes para entrar en vigor. Por el momento solo ha alcanzado nueve.En lo que al Perú respecta, la decisión de ratificar este arreglo está en manos del Congreso y en las últimas semanas esta ha sido motivo de múltiples controversias. La circunstancia incluso ha supuesto diferentes puntos de vista al interior del Ejecutivo, entre el Ministerio del Ambiente, cuya otrora titular rubricó el acuerdo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores.En efecto, el canciller Mario López ha resaltado que, frente a la discusión nacional que se ha abierto, se hace necesario "seguir dialogando, conociendo los pros y los contras. No ratificarlo todavía, no hay un consenso". Asimismo, en diálogo con este Diario, el diplomático y exministro de Relaciones Exteriores José Antonio García Belaunde expresó una perspectiva similar, al señalar que el Acuerdo de Escazú "merece una reflexión muy seria" y que incluso podría esperarse a que entre en vigor antes de tomar una decisión.