El Congreso de la República ha vuelto a poner los pelos de punta a los inversionistas. El miércoles, les tocó a las instituciones bancarias, con la aprobación del predictamen que congela las deudas al sistema financiero. Y otro tanto ocurrió con las empresas de petróleo y gas, que quedaron en vilo tras la decisión adoptada por los integrantes de la Comisión de Fiscalización de desconocer los contratos de tres proyectos de hidrocarburos. Se trata del contrato de ampliación del lote 31-C (Ucayali), pieza fundamental en el proyecto de masificación del gas natural Siete Regiones. Y los contratos de los lotes Z-67 y Z-68 (mar de Áncash), adjudicados a Tullow Oil tras un proceso de socialización iniciado en el 2019. Todos ellos fueron suscritos entre el 6 de junio y el 3 de julio, es decir, en pleno período de cuarentena, motivo suficiente para que los congresistas exijan su derogación.
- [El Comercio,Pág. 8] /