Hay proyectos de ley pobremente concebidos, otros operativamente inejecutables, algunos dispendiosos y aun otros simplemente inconstitucionales. Pocas veces se encuentran proyectos que cumplan con todas estas características a la vez.Sin embargo, este es el caso del ‘Proyecto de ley que habilita a los exaportantes a la ONP a solicitar la devolución del 100% de sus aportes al Sistema Público de Pensiones’. Como su nombre describe, la iniciativa busca restituir las contribuciones de los exaportantes a la ONP mayores de 55 años, siempre que no hayan cumplido con 20 años de aportación (a partir de ese momento, los afiliados ganan el derecho a pensión). Para los aportantes activos, con un empleo formal dependiente, el pago sería de hasta una UIT (S/4.300). Esta semana, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen con 11 votos a favor, uno en contra y una abstención. Quedó listo entonces para el debate en el pleno.El proyecto carece de base económica o legal. Lo más relevante es comprender que la ONP -como cualquier sistema de reparto y a diferencia de la estructura de cuentas individuales de las AFP- no tiene un fondo disponible de dónde retirar ahorros. Los aportes de los afiliados a la ONP van directamente a pagar a los pensionistas. De hecho, estos aportes no alcanzan para cubrir las transferencias a sus jubilados, de modo que tienen que complementarse con recursos de los contribuyentes.Así, una "devolución" masiva de ahorros supondría recurrir al Tesoro Público para pagarla. Aunque aún no está bien definido quién califica como "exaportante", y otros detalles importantes han quedado como vacíos legales, el costo preliminar de la norma estimado por la ONP asciende a S/7.438 millones, equivalente a 1% del PBI o casi todo el presupuesto del Ministerio de Salud de este año. La ONP, huelga decir, no tiene estos recursos, ni muchísimo menos. La necesidad, entonces, de incurrir en gasto público para financiar las "devoluciones" haría el proyecto inconstitucional.(Edición sábado).