Propuestas de corte populista no han faltado durante la etapa de emergencia. En pensiones, en medicinas, en educación, y en varios otros sectores, la tentación por ganar aplausos con la solución fácil ha podido, persistentemente, más que la responsabilidad y el criterio técnico.Ayer, sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ha empezado a explorar nuevos territorios, aún más alejados de la prudencia en la tarea de gobierno. En conferencia de prensa, el mandatario dio un ultimátum a las clínicas privadas. Indicó que, si no se llega a un acuerdo respecto del intercambio prestacional para pacientes con COVID-19 en las próximas 48 horas, aplicará el artículo 70 de la Constitución y procederá a expropiarlas. La amenaza se realizó en vivo y a través de todos los medios de comunicación que seguían el evento. El presidente ha cruzado una línea no menor.La propuesta -es necesario decirlo en forma clara- es netamente política. No tendrá efectos positivos en la salud de los peruanos y más bien podría agravar una situación ya de por sí dramática. En primer lugar, la cobertura del sector privado alcanza a solo el 5% de las personas. El 95% de atenciones se da en el sector público -entre el Ministerio de Salud y Essalud-. El problema de fondo está, claramente, en un sistema de salud público corroído por la ineficiencia, la negligencia y la corrupción que no da soluciones para la gran mayoría de la población. Si los hospitales funcionasen adecuadamente, no habría necesidad de recurrir a un sector privado que tiene apenas una fracción del tamaño y de los recursos.