La acusación que siguió el Congreso de la República contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por una resolución de aclaración, que emitieron en razón a un supuesto error en el conteo de votos, sería reabierto dos años después de su archivamiento ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018.En ese momento, el expremier Pedro Cateriano reconoció la decisión como inapelable y dijo que su aplicación era obligatoria e inmediata porque había un compromiso internacional.Ahora, el legislador Luis Roel Alva, de Acción Popular, lo ha presentado ante la Comisión Permanente del Congreso con el propósito de votar el asunto el próximo jueves y con ello preparar el camino para que los tribunos Carlos Ramos, Marianella Ledesma y Eloy Espinosa Saldaña dejen sus cargos. No incluye al cuarto denunciado, Manuel Miranda, porque en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de entonces dijeron que no tenía responsabilidad. Nunca explicaron por qué, aún cuando él también había firmado la resolución que cuestionaban.La reapertura de la denuncia constitucional generó mucha preocupación en el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, en razón a que como Estado peruano hay un compromiso de cumplir lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por los organismos internacionales.