La denuncia que el fiscal supremo Tomás Gálvez presentó ante el Congreso contra el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez tuvo repercusiones lejos del Ministerio Público. Todavía falta saber si actuará como un bumerán y pueda volverse y golpear a los que la arrojaron.Pero, en principio, logró despertar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La renovada institución encargada de poner orden en la magistratura cayó en un letargo desde el 16 de marzo, cuando se decretó la emergencia nacional por la propagación del COVID-19.Aparentemente, a los consejeros les pareció que la lucha contra la corrupción judicial y/o limpiar a las instituciones del sistema judicial de la injerencia política podía esperar hasta que llegará la vacuna contra el coronavirus. La realidad ha demostrado que la corrupción y la búsqueda de intereses políticos particulares no ha descansando.Ayer se informó que el 18 de junio, el pleno de la JNJ decidió que a partir de mañana, lunes 22 de junio, se reactivarán los procedimientos y plazos en 53 procesos disciplinarios de destitución, 109 investigaciones preliminares y la revisión de más de 2.400 acuerdos del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).Esto incluye los procesos de destitución de los fiscales supremos Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez, así como de los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes, por sus presuntas pertenencia o vínculos con la red criminal Cuellos Blancos del Puerto, que se iniciaron el 20 de febrero último.(Edición domingo).