Situaciones críticas ameritan respuestas de emergencia. En un contexto como el actual, con varios miles de fallecimientos a cuestas y una contracción en el PBI de proporciones históricas, el principio cobra especial vigencia. Amparado en esa lógica, el Gobierno ha desplegado un arsenal de herramientas para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y de las medidas de aislamiento obligatorio que siguieron. Muchas de ellas, por supuesto, son extraídas del manual de emergencias: préstamos bancarios con garantías casi totales del Tesoro Público, subsidios a la planilla, bonos a millones de hogares vulnerables, disposiciones de ahorros privados de seguridad social como CTS o AFP, entre otras.El lunes pasado, en una de las conferencias de prensa que cada vez se hacen menos usuales, el presidente Martín Vizcarra dio un paso más allá. El mandatario anunció la propuesta de creación del programa Arranca Perú, que consiste en "una serie de inversiones importantes que serán aprobadas en el Consejo de Ministros del miércoles [hoy] mediante decreto de urgencia". Los sectores elegidos son Transporte, Vivienda, Agricultura y Trabajo. Con un gasto público de S/6.436 millones -monto similar a lo destinado en los diversos bonos de alivio financiero a las familias en los últimos meses-, se espera crear más de un millón de puestos de trabajo a través del programa.