La bonificación de hasta 5.200 soles para exparlamentarios, aprobada por la anterior Mesa Directiva del Congreso, dirigida entonces por Pedro Olaechea, es inconstitucional, según expertos consultados por La República.La decisión de los pagos a excongresistas, como se sabe, fue aprobada el 12 de marzo. Ese día venció la gestión de Olaechea y la Mesa Directiva de la Permanente, integrada también por el exoficialista Salvador Heresi y los exfujimoristas Karina Beteta y Marvin Palma, aprobó una resolución que dispuso entregar bonos a los exlegisladores.El último sábado Pedro Olaechea defendió su decisión en Twitter: "El monto indicado corresponde al pago proporcional de la bonificación de Navidad, que en su oportunidad no se incluyó en la liquidación de los congresistas cesados, como consecuencia de la disolución del Congreso".La disposición se apoya en los artículos 3 y 33, del Reglamento del Congreso, y el artículo 94 de la Constitución. Estos señalan que el Parlamento es autónomo en sus decisiones.Sin embargo, para el constitucionalista Omar Cairo la razón es evidente: posterior a la disolución del Congreso, quedó en funciones la Comisión Permanente, que solo debe abocarse a revisar los decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo y no a adoptar decisiones administrativas, según el artículo 135 de la Carta Magna. En el periodo en que el Parlamento estaba disuelto, acotó Cairo, "ellos ya no eran la Mesa Directiva del Congreso, sino de la Comisión Permanente". "No pueden decidir cuestiones laborales", agregó.