Han pasado 87 días desde que comenzó la cuarentena. Desde el inicio los peruanos tuvimos claro que la lucha contra el COVID-19 sería larga y que recién con el paso del tiempo iríamos aprendiendo los detalles sobre cómo librarla. Se trata, en fin, de una enfermedad nueva, cuyos síntomas se han ido descubriendo de a pocos en todo el mundo y que ha demostrado ser particularmente ágil para transportarse de humano a humano.Sin embargo, aunque muchas herramientas se han ido afinando y hasta descubriendo para enfrentar esta pandemia, desde la génesis de este trance se ha sabido que lo primordial es saber dónde está el virus y el alcance que tiene en un territorio determinado. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud fue enfática sobre la importancia de realizar ambiciosas campañas de pruebas diagnósticas, una estrategia que permitiría, además de identificar y tratar a las personas que lo requieran, trazar con precisión la curva epidemiológica. Mientras más acertada sea esta última, más atinadas podrán ser la decisiones que tomen nuestras autoridades.No obstante, desde que empezó la crisis, el Gobierno ha actuado de forma errática respecto a los exámenes de detección y el panorama que estos describen. Por ejemplo, a principios de abril el presidente Martín Vizcarra dio a conocer los primeros resultados de las (entonces nuevas) pruebas rápidas que se habían adquirido. En ese momento se preocupó por precisar que estas eran solo complementarias y que "no las queremos sumar a las moleculares para no distorsionar". Con el paso de los días, empero, esa aseveración pareció perder relevancia y hoy cada actualización en el número de infectados ofrecido por el Ministerio de Salud comprende ambos métodos diagnósticos.