Desde que empezó sus labores a mediados de marzo, cuando las crisis sanitaria y económica generadas por el COVID-19 en nuestro país se encontraban todavía en sus inicios, el Congreso ha parecido elegir el populismo como su principal herramienta de trabajo. Así, en un momento en que la prudencia y la responsabilidad deberían primar, se ha dispuesto a promulgar normas como la que permite el retiro del 25% de los fondos privados de pensiones o la que suspende unilateralmente el cobro de peajes durante el estado de emergencia. Además, en esa línea se han propuesto otras disposiciones que, de aprobarse, podrían aumentar la popularidad del Legislativo, pero a costa de los esfuerzos que el país tiene que hacer para reactivar su aparato productivo, como las que buscan regular los créditos y las tasas del sistema financiero.El último ejemplo de este comportamiento es un proyecto de ley que la Comisión de Trabajo aprobó por unanimidad el martes pasado y que tiene como objetivo proteger "al trabajador frente a despidos" durante el estado de emergencia nacional y 30 días después. En concreto, la iniciativa planteada por el legislador Daniel Oseda, del Frepap, busca prohibir "toda terminación unilateral de contratos laborales" y obligar a los empleadores a renovar los contratos que se pudiesen haber vencido (y que se vencerán) durante el referido período.