El cobro que hicieron clínicas privadas por pruebas moleculares para la detección del covid-19, pese a que el Instituto Nacional de Salud las procesó gratis, es la punta del iceberg de una investigación más amplia que se debe llevar a cabo, dijo la adjunta de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.Dicha investigación, indicó, debe abarcar el desempeño de las clínicas privadas en el contexto de la pandemia del covid-19 y determinar con claridad el rol de supervisión de SuSalud.Indicó que corresponde a la Contraloría (que reveló la información en la víspera) seguir investigando y, en su momento, el Ministerio Público podría evaluar iniciar pesquisas en la medida en que se conozca más sobre el papel que han tenido tanto las clínicas como Susalud en esta pandemia.