Con las cifras que se van revelando día a día, la verdad es que el Perú no tiene mucho motivo de orgullo. Varias carencias institucionales acumuladas por décadas han quedado al desnudo, y las consecuencias las pagamos hoy. Pero no todo ha sido negativo. Si hay una fortaleza institucional que merece destacarse, esa es la posición macroeconómica que el país ha logrado construir para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.Esta fortaleza se refleja en diferentes indicadores: la notable estabilidad del tipo de cambio, la exitosa colocación de bonos soberanos en el exterior, el reducido incremento del riesgo-país experimentado en las últimas semanas, entre otros. Uno de los más relevantes, vinculado a los anteriores, es la calificación crediticia al nivel de grado de inversión que goza el país. En términos simples, esto es un equivalente a un sello de garantía de la deuda peruana que emiten diferentes agencias internacionales especializadas. Significa que el Perú tiene un buen récord crediticio y una posición económica suficientemente sólida para devolver lo que se le presta. Al ser un buen deudor, el país logra acceder a tasas de interés bajas y otras condiciones favorables. Esto a su vez mejora la posición de las empresas peruanas en el exterior.Pero el Perú, claramente, no tiene un derecho divino al grado de inversión. Lo que se consiguió con el esfuerzo de décadas puede dilapidarse con la acumulación de políticas irresponsables como algunas de las que se están impulsando desde el Congreso. En este sentido se pronunció en una entrevista publicada ayer por este Diario Jaime Reusche, vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody’s Investors Service, una de las agencias especializadas en riesgo crediticio.