En las últimas semanas, buena parte del país ha sufrido el impacto económico de la pandemia del COVID-19. La implementación de una rígida cuarentena, vigente desde mediados de marzo, y la consiguiente suspensión súbita de las actividades de múltiples sectores, han golpeado los ingresos de muchas familias y, solo en Lima, más de 1’200.000 personas han perdido sus trabajos. Un panorama trágico, pero tristemente propicio para que nuestros políticos flexionen sus músculos populistas.En efecto, en estos días, y conforme el estrés al que han estado sometidos los ciudadanos ha aumentado, desde el Congreso y el Ejecutivo se han planteado normas que colisionan directamente con la prudencia macroeconómica que la tesitura exige. Apelando a remedios que pueden suponer el respaldo inmediato de algunos grupos, pero el perjuicio a mediano y largo plazo del país en su conjunto. Véase, si no, cómo desde el Gobierno se coqueteó con la idea de un impuesto "solidario" a los que más ganan (en plena recesión) y cómo desde el Parlamento se aprobaron normas como la devolución del 25% de los fondos privados de pensiones y la suspensión arbitraria del cobro de peajes.