Ayer, en este espacio, comentábamos la decisión de los congresistas de crear una comisión integrada por nueve parlamentarios -uno por bancada- para preparar en 150 días la reforma del sistema de pensiones del país. Ello, después de haber rechazado una propuesta similar del Gobierno, que pedía conformar también una comisión para el mismo objetivo, aunque integrada -además de por tres congresistas- por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo, y de organismos como la ONP, la SBS y el BCR.¿Por qué los parlamentarios alentaron la conformación de una comisión y desecharon la de otra? La respuesta parece hallarse en la procedencia de los integrantes de cada grupo. Pues es evidente que resulta más reconfortante llevarse los créditos de haber realizado una reforma tan postergada y necesaria como la del sistema previsional, antes que tener que compartirlos con otras instituciones.Teniendo esto en cuenta, revisemos lo que ocurrió en el pleno virtual del último sábado. Ese día, se votaron dos dictámenes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que aglutinaban cinco proyectos de ley (dos presentados por el Legislativo, dos por el Poder Judicial y uno más por el Ejecutivo) y que compartían un mismo objetivo: establecer pautas para el deshacinamiento de las cárceles peruanas debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.