Contrariamente a lo que aconsejaría la prudencia semántica, el título que encabeza esta columna se otorga cada cinco años. Cerca de la conclusión de un quinquenio, los peruanos solemos calificar el desempeño parlamentario reciente como el más improductivo, ineficiente o, sencillamente, el más vergonzoso en la vida de nuestro país. Cada lustro, un elenco en el hemiciclo deja la valla en el piso, para que un nuevo grupo de legisladores tomen pico y lampa (figurativamente hablando) y busquen espacio en el subsuelo.El Congreso elegido en el 2016 tuvo solamente 38 meses para hacerse del ‘honor’ antes de ser disuelto. Y se esforzó. Batió el récord de iniciativas legislativas dirigidas para dañar al Ejecutivo, cambiar la correlación de poderes y silenciar a la prensa incómoda. Tres de ellas fueron declaradas inconstitucionales (ley antitránsfugas, publicidad estatal y cuestión de confianza). Además, abusó de su poder fiscalizador para hacerle la vida imposible al Gobierno, y citar, interpelar y censurar ministros por antojo. Manipuló sus prerrogativas constitucionales para blindar a aliados y "hermanitos" (como el exfiscal de la nación Pedro Chávarry o el traficante de favores convertido en juez supremo César Hinostroza), y convertir a la inmunidad parlamentaria en el emblema de la desfachatez.Desde marzo de este año, sin embargo, tenemos un nuevo Parlamento. Y llueve, truene o ‘coronaviree’, parece decidido a arrebatarle la ‘distinción’ al Congreso predecesor, señala Andrés Calderón, abogado, profesor de la Universidad del Pacífico.