POLÍTICA LABORAL. Casi un mes después de que se ordenara la cuarentena para los ciudadanos y la suspensión de casi todas las actividades económicas, el Gobierno decidió responder a lo que ya era un pedido por parte de diversas empresas: ampliar las opciones legales que podían aplicar los empleadores en la relación con sus trabajadores. Así, se permitió que -agotado el uso de las vacaciones o la reducción de remuneraciones- las compañías pudieran utilizar la figura de la suspensión perfecta de labores, por un plazo máximo de tres meses. Conocedores de la situación de algunas compañías, incluso se estableció que aquellas que ya habían utilizado la medida (sin autorización) podían acogerse a esta norma.Sin embargo, esta decisión (que el Ministerio de Trabajo demoró dos semanas en anunciar) fue criticada por ciertos sectores, lo que motivo que el Ejecutivo, al no poder eliminar la norma, decidiera establecer restricciones.Un primer gesto fue que una semana después de publicada la norma, se decide promulgar el reglamento con requisitos no establecidos inicialmente, como la comunicación previa al sindicato o representante de los trabajadores, y otorgándoles solo cinco días (los cuales vencieron el martes) a las empresas que ya habían utilizado la medida y que debían adecuarse a la norma.