Con el motín de internos registrado el último lunes en el penal Miguel Castro Castro queda aún más claro que el gobierno, y específicamente el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, no es suficientemente célere y responsable como lo demanda esta pandemia. El hacinamiento de los penales era una bomba de tiempo cuyo reloj corría desde hace más de un mes, pero no se hizo lo necesario para evitar su estallido.Las cifras brindadas dejan en claro la cruda realidad: 44 internos muertos (30 por COVID y 14 en motines) y siete trabajadores del INPE fallecidos.Respecto del motín de Castro Castro, el INPE informó que los 9 presos murieron mientras la policía tomaba el control del recinto ubicado en San Juan de Lurigancho.