La mayoría de los grupos políticos representados en el Congreso, y economistas reputados, expresan un rotundo desacuerdo con el llamado "impuesto solidario" que propone el Ejecutivo.Tal iniciativa es impulsada con énfasis por el premier Vicente Zeballos, con el tibio respaldo del presidente Martín Vizcarra, pero, al parecer sin la opinión favorable de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.Precisamente, ayer se echaron a correr rumores sobre su eventual renuncia al cargo, versiones que ella misma se encargó de desmentir de manera sutil.A través del Twitter, ofreció algunos alcances de las últimas medidas en materia económica en el marco de la emergencia. "Seguimos trabajando nuevas fórmulas que permitan afianzar el camino hacia la reactivación del Perú", escribió.Tormenta. Para el economista Carlos Adrianzén, este tema resulta ser un castigo a las familias con mano de obra calificada, precisamente de quienes más necesita el Estado peruano para frenar la crisis económica por la expansión del nuevo coronavirus."Se está hablando de poner un impuesto a las planillas de trabajadores que ganen más de S/10 mil. Eso es un castigo para las familias", sostuvo.Indicó que en todo el aparato estatal se gasta, aproximadamente, más de 65 mil millones de dólares al año.