El cambio de posta en la cúpula del Poder Judicial se da en circunstancias sumamente delicadas para el país y este poder del Estado. Por lo mismo, dejando de lado aspectos formales, sus nuevas autoridades tienen que asumir el grave reto de afirmar su autonomía y desterrar la imagen de ineficiencia, lenidad y corrupción que hoy, explicablemente, lo caracteriza. Deben entender también que sin jueces probos y seguridad jurídica será imposible ganar la lucha contra la impunidad y atraer inversiones para el desarrollo.La gestión que llega a su fin del doctor Hugo Sivina, al frente de la Corte Suprema, fue positiva en cuanto marcó el inicio de un nuevo estilo. Lamentablemente no pudo cuajar en la consolidación del proceso de reforma, si bien avanzó notablemente en poner los cimientos de la misma a través de la Ceriajus. Posiblemente una actitud más decididamente apoyada por la Sala Plena habría permitido lograr que el Ejecutivo y el Congreso hicieran la parte de las reformas que les correspondían.Asimismo, fue saludable la lucha por la autonomía presupuestal, en la que los otros poderes tampoco ayudaron.Como resultado de todo esto, seguimos con la lacra perniciosa del alto porcentaje de vocales y jueces provisionales, con una carga procesal aun descomunal y, entre otras cosas, con un sistema de control y ratificación bastante mediocre y polémico. Al centro de esto último se encuentra una entidad como el Consejo Nacional de la Magistratura, que actúa de modo arbitrario y hasta contrario a los intereses de la magistratura y del país, lo que hace más exigible radicales cambios en su formación y procedimientos.Todas estas consideraciones deben ser analizadas seriamente por el nuevo presidente de la Corte Suprema, el vocal Walter Vásquez Vejarano, de larga trayectoria en la magistratura pero a quien también se vincula políticamente al aprismo, si bien él lo ha desmentido. Por lo mismo, dentro de los graves retos mencionados, habría que hacer especial énfasis en la autonomía por defender: no solo en lo jurisdiccional, administrativo y presupuestal, sino también ante cualquier intento de indeseable manipulación política o copamiento partidario.