La pandemia del CIVID-19 está replanteando las tradicionales relaciones comunitarias entre las empresas que operan en zonas rurales, alejadas de centros urbanos. En la selva, el asunto involucra directamente a los pueblos indígenas, cuyo acceso al sistema de salud es limitado. Esta situación pone en peligro la equidad e igualdad en materia de atención ante la emergencia de dichas poblaciones, lo que sumado a la pobreza y extrema pobreza en la que viven, agrava su vulnerabilidad ante el virus y genera posibilidades de contagio masivo.Así lo advierte Alicia Abanto, adjunta para los servicios públicos, medio ambiente y pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, quien asegura que las empresas que operan en los territorios amazónicos y las propias comunidades les han expresado su preocupación ante el riesgo.¿De qué manera minimizarlo? Desde el sector privado, indica, es necesario "adecuar parámetros de la actividad al nuevo escenario". En la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) son conscientes de dicha necesidad. Pablo de la Flor, su director ejecutivo, explica que, además de ajustarse al protocolo del Ministerio de Energía y Minas(RM111-2020), se han establecido nuevas dinámicas de "diálogo" a través de tecnologías de la comunicación existentes, subutilizadas, como el teléfono y las videoconferencias. Reconoce el reto que esta estrategia plantea en la selva, donde la cobertura es marginal.Otro desafío no menor, pasada la emergencia, será asegurar el distanciamiento social en procesos como la consulta previa o la aprobación de estudios de impacto ambiental, observa.