Hace 37 días, el Gobierno Peruano declaró el estado de emergencia nacional con el objetivo de limitar la circulación de ciudadanos por las calles y, así, ralentizar la expansión del COVID-19, una enfermedad que al día de hoy ha cobrado la vida de 445 personas en el territorio nacional.Desde que la decisión fue tomada, en línea con lo que se ha hecho en otros países, se hizo evidente que los principales afectados por esta medida serían aquellas personas que cubriesen sus necesidades básicas día por día, toda vez que no podrían salir a trabajar. Frente a ello, y con el objetivo de que los perjudicados no tuviesen que salir de sus casas, el Ejecutivo tomó una serie de acciones para que los hogares pudieran permanecer abastecidos, como la entrega directa de bonos y la transferencia de hasta S/200 millones a 1.874 municipios para adquirir y distribuir artículos de la canasta básica familiar a todos los vecinos que los requiriesen.Ante estas circunstancias, resulta inquietante que, como dio a conocer la Defensoría del Pueblo, haya 411 municipios que no han utilizado el presupuesto que se les entregó.