No hay objetivo más alto para cualquier comunidad que preservar la vida de sus ciudadanos. Por ello, ante amenazas como las que se ciernen hoy sobre el país, todos los sistemas se activan y se subordinan temporalmente al sistema de salud. Las libertades económicas, de reunión, de tránsito, y otras que son pilares de la democracia moderna, son suspendidas parcialmente hasta que los riesgos sobre la vida y la salud puedan ser manejados adecuadamente. En ese sentido, es razonable y positivo que los esfuerzos del Gobierno durante estos días de emergencia se orienten, principalmente, al cuidado del sistema de salud y la vida de las personas.Pero la actual crisis, como cualquier otra, pasará. Con saldo de daños alto o moderado -dependiendo de nuestra propia capacidad de respuesta-, progresivamente la coyuntura irá retornando a cauces más regulares, habituales y predecibles. O, por lo menos, eso parece desprenderse del comportamiento del virus en distintos países que llevan algunas semanas de adelanto al ciclo epidemiológico del Perú.Precisamente en la preparación para este complejo proceso de reapertura de la actividad económica y social se debe poner particular atención. La motivación es doble. Por un lado, una reactivación desordenada o improvisada pondrá en riesgo los avances en salud que se hayan conseguido con tanto esfuerzo durante estas duras semanas. Con nuevos contagios acelerándose, la lógica consecuencia de esto sería un regreso parcial o total a las medidas de inamovilidad social que se tienen hoy en vigencia. Ello generaría, de paso, mayor suspicacia sobre la capacidad del país de retomar actividades regulares de manera segura, retardando más su regreso.