El gobierno encabezado por Martín Vizcarra cumplió dos años el lunes en plena cuarentena, una medida necesaria para cuidar la salud de la población. De hecho, el 95% la respalda. No por ello, sin embargo, debemos pasar por alto que, en lo que va de su gestión, no ha respondido con igual firmeza para afrontar los principales males que aquejan a la actividad minera.Lo que ha afectado a esta industria, no es únicamente el brote del coronavirus y la caída de los precios de los minerales, sino también la inestabilidad política, la conflictividad social y el exceso de burocracia.La Sociedad Nacional de Minería ha advertido que solo para un proyecto de exploración existen más de 250 trámites irracionales y lentos que se entrecruzan, duplican, contradicen y crean confusión entre las mineras, demorando iniciativas que de por sí requieren de largos años para madurar.La inoportuna propuesta presidencial para la elaboración de una nueva Ley General de Minería solo ha añadido mayor incertidumbre, retrasando inversiones. Y si a eso agregamos la defección del Ejecutivo frente a situaciones de violencia como las de Tía María y las Bambas no es de extrañar que hayamos caído diez puestos, del 14 al 24, de un total de 76 jurisdicciones evaluadas, en el último ránking de competitividad minera del Instituto Fraser, un “think tank” canadiense.Eso significa que el atractivo del Perú para invertir en minería no solo no ha mejorado, sino que, en relación a sus pares, ha empeorado. No se trata de un problema de percepción, sino de síntomas inequívocos de lo que está sucediendo en nuestro país y señales que están viendo los inversionistas internacionales sobre el entrampamiento general en el que está el sector. Y todo esto, además, en un contexto global de pánico y restricciones por la rápida propagación del temible COVID-19, que ha puesto a la industria contra las cuerdas por su fuerte impacto en la producción y las cotizaciones, señala Marcial García,socio de Impuestos de EY Perú.