Las severas medidas adoptadas por el Gobierno para conseguir el mayor aislamiento social posible y reducir así la expansión del COVID-19 han sido y continúan siendo respaldadas por una enorme mayoría de la población y de la opinión pública en el país. Desde El Comercio, y desde este espacio en particular, hemos sido enfáticos en destacar lo necesario de las disposiciones y reclamar responsabilidad de parte de la ciudadanía para respetarlas y hacerlas respetar. Creemos, además, que sancionar con toda la drasticidad que la ley permite a quienes pretendan ignorarlas o burlarlas resulta esencial para asegurar el cumplimiento de la cuarentena. Se comprende, en ese sentido, la indignación que genera entre la población que hasta la fecha haya 11.000 personas detenidas por salir a la calle en desafío de la orden de inamovilidad.Pero el detalle de que tales sanciones deben limitarse a lo que la ley permite es fundamental e insoslayable. De lo contrario, la emergencia terminaría siendo solo una excusa y una coartada para el abuso, y perdería, de paso, la legitimidad de la que goza entre la ciudadanía.