Qué ironía que haya sido su "refinado" lenguaje lo que catalizara la renuncia de Carlos Paredes a la presidencia del directorio de Petro-Perú. En cuanto al fondo del asunto, no es ninguna novedad que Paredes le estaba pidiendo al Gobierno que asumiera 1.500 millones de dólares de la deuda que la empresa estatal ha tomado para financiar la modernización de la refinería de Talara. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, evidentemente se ha negado a asumirla, dando como explicación que no hay una partida para eso en el presupuesto de la república. Su negativa es reconfortante,pero no tanto, pues nada impide que una partida semejante se incluya en el presupuesto del 2022.La posición del MEF, en realidad, es desconcertante. La modernización de Talara no es un proyecto solamente de Petro-Perú. Ha sido aprobada explícita o implícitamente por el Gobierno, que es quien nombra a los directores de la empresa. Desde el punto de vista de la disciplina fiscal, no es tan importante si la deuda está en los hombros de Petro-Perú o en los del Estado. El Estado garantiza, de facto,cualquier deuda de Petro-Perú. Lo que verdaderamente importa es si el proyecto debe o no debe continuar. El Gobierno debería ser claro sobre eso. Si cree que debe continuar, tiene que apoyarlo financieramente, de una u otra manera, porque los números de Petro-Perú simplemente no dan para sustentarlo. Si cree que no debe continuar, debe paralizarlo ya, señala el economista Iván Alonso.