El viernes 21.02.20, la exministra de Energía y Minas Rosa Ortiz volvió a publicar un artículo en el que critica mi último artículo (Gestión 11.02.20) sobre el Gasoducto Sur Peruano (GSP), sobre la pretensión de Odebrecht de resucitar su liquidado contrato.En el mismo, nuevamente opta por ignorar el elemento más importante, el precio del transporte. Y ahí es donde hay una gran diferencia (de 4 a 1) entre lo que cobraría el gasoducto al sur versus una eventual ampliación del ducto actual de TGP. Y, lógicamente, los clientes optarían por la más barata y sostenible. Para lograr esta ampliación tiene que existir una demanda real. La que se lograría a través de una open season (garantía de compraventa de los clientes). Con lo que se lograría el financiamiento de la ampliación.Y cuando menciono una opción sostenible me refiero a que la contrapartida a los numerosos beneficios que se tendría que entregar al nuevo concesionario sería la elevada carga que se le impondría a todos los consumidores eléctricos en sus recibos, lo cual no sería socialmente sostenible. Ya experimentamos eso durante la etapa de PPK, en que las protestas por los elevados cargos en los recibos de luz, y la creciente carga que se venía (y solo se había cumplido con menos del 10%), obligaron al Gobierno a asumir dicha carga, señala el economista Manuel Romero Caro.
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