En agosto del año pasado, el directorio de PetroPerú decidió pagar 60,000 dólares a una empresa privada, para saber si convenía vender o solo concesionar plantas de agua, de nitrógeno y de otros materiales que se usan en la refinería de Talara."Contratación de servicio jurídico especializado para prestar el servicio de acompañamiento legal para el proceso de venta o cesión de las Unidades Auxiliares del Proyecto Modernización de la Refinería Talara (PMRT)", es el pomposo título del proceso, que ganó el Estudio Miranda & Amado Asociados."Petroperú tiene técnicos y profesionales capacitados que podían emitir un informe igual sobre este tema, pero el señor Carlos Paredes decidió gastar un montón de dinero en que una consultora, en este caso un estudio de abogados, le diga cómo trabajar", cuestionó Héctor Farfán, secretario general de la Unión Sindical Oleoducto.