El 30 de junio del 2014 se adjudicó el proyecto gasoducto sur peruano (GSP) a un costo de US$7.328 millones. Este proyecto representaría la obra de infraestructura más importante jamás construida en el Perú. Ello no solo por la extensión del ducto de gas (1.080 km) y el hecho que se construiría mayormente en la selva, sino porque el Estado asumió una serie de compromisos para justificarla y reducir el riesgo a los inversionistas privados. Hoy debemos evaluar detenidamente su conveniencia. Nadie puede estar en contra de llevar bienestar al sur del país a través del gas. Pero ello deber ser hecho privilegiando el interés público y no favoreciendo el interés privado. Conviene recordar que la empresa Suez había originalmente propuesto llevar gas al sur por la costa, con mínima intervención en la selva.De cara a su anunciada próxima licitación, hay tres temas que deben ser examinados.El primero se refiere a la oferta. ¿Existe realmente suficiente gas para justificar la inversión? El único lote que tiene precio de gas regulado es el 88. Los otros con reservas son el lote 57 (Repsol), que tiene 1,5 TCF, y el 58 (CNPC), que se afirma tiene 2 TCF pero que técnicamente resulta dudoso. Estas reservas son insuficientes para justificar la inversión.Lo segundo: un tubo de 32 pulgadas puede transportar 1.200 MM de pies cúbicos de gas por día (pcd). Las dos plantas térmicas que se construyeron en el sur del país (Mollendo e Ilo) requerirán como máximo 450 MM pcd. Es decir, el ducto estaba siendo construido para transportar mucho más gas del que la demanda del denominado nodo energético requería. ¿Qué se va a hacer con la diferencia? Hoy es imposible que la demanda minera, industrial y residencial absorba 750 MM pcd. Además, dados los precios de la energía hoy en el mundo, es muy poco probable que se invierta en una planta petroquímica, como se pensó originalmente.El tercer tema se refiere a la garantía dada para su construcción a través del Cargo por Afianzamiento de Seguridad Energética (CASE). Este fondo (hoy felizmente derogado) iba a financiar parte del costo de construcción del GSP. Se ha pretendido sostener que esta garantía era similar a la extendida cuando se construyó el gasoducto que trae el gas de Camisea de Cusco a Lima (City Gate), denominada GRP. Nada más alejado de la realidad, señala Jaime Pinto, abogado experto en hidrocarburos.