TRABAJADORES PÚBLICOS. Ninguna ley es perfecta y, sin duda, el decreto de urgencia que regula la negociación colectiva en el Estado no lo es. Ayer este decreto fue revisado en la Comisión Permanente del Congreso y, durante la presentación, quedó en evidencia que algunos trabajadores del Estado han conseguido beneficios desproporcionados, como el derecho del trabajador de heredar su puesto de trabajo a sus hijos u otro familiar, algo impensable en el sector privado.Quienes critican esta ley -muchos de ellos abogados laboralistas que omitieron señalar que también son árbitros laborales- lo hacen porque se hizo sin diálogo social; afirman que limita la negociación al depender del informe económico del MEF; que solo algunas negociaciones llegarán al arbitraje y los árbitros dependerán de Servir y además, los beneficios conseguidos caducarán a los dos años y deben ser nuevamente negociados.Quienes defienden la medida recuerdan que las remuneraciones dependen de los ingresos del Estado que, finalmente, son pagados por todos los peruanos, ya sea través de impuestos o del pago directo por algún servicio. Y que mientras mayor sea el porcentaje que se destine a remuneraciones, menor será el porcentaje que pueda dedicarse a obras o inversión a favor de los ciudadanos.