Ayer mismo en la mañana quedó resuelta la crisis de gabinete generada el domingo en la noche cuando Panorama difundió un reportaje sobre el Gasoducto Sur Peruano (GSP), que revelaba que el actual ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, realizó a través de su empresa Consultores Supervisores y Asesores Nacionales S.A.C. (Conasac) servicios de consultoría para la empresa brasileña Odebrecht, actividad que no consignó en la declaración jurada de intereses que presentó al ser designado para ocupar el cargo. El propio presidente de la República, Martín Vizcarra, fue quien comunicó que acababa de aceptar su renuncia.Aparte de las prestaciones mencionadas, se supo que Conasac elaboró, además, un informe, que a la postre habría sido determinante para definir si el proyecto del GSP -que tenía Odebrecht como protagonista- era cofinanciado o podía ser autosostenible. Su empresa, contratada por el entonces ministro Jorge Merino Tafur, se inclinó por la segunda posibilidad, con lo que Proinversión aprobó el proyecto en apenas un día.Si bien el reportaje no consigna datos sobre otras consultorías en favor o a pedido de la constructora, lo cierto es que el ahora exministro cometió una falta deliberada, ya que el Decreto Supremo 138-2019-PCM, de julio del año pasado, estableció la obligatoriedad de la declaración jurada de intereses. Según esta normativa, la información sobre empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, comprende un periodo de cinco años anteriores a la presentación de la declaración, al inicio del ejercicio del cargo o función pública. Liu omitió las consultorías con Odebrecht -que, presionado por el informe televisivo, reconoció públicamente recién ayer- en su declaración.