LA NUEVA PRETENSIÓN. La actual administración de la empresa Odebrecht, que se supone ha pasado por una "reformulación integral", decidió presentar una demanda de arbitraje contra el Perú por el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) y como siguiente paso declaró estar dispuesta a "encontrar junto con las entidades competentes del Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral, garantizando lo más pronto posible el reinicio del proyecto Gasoducto Sur Peruano por otro inversionista privado, sin costos para el Estado".La negativa del Gobierno a esta solicitud era el único camino que se podía tomar. Es imposible que el Estado peruano y Odebrecht se sienten a conversar en este tema, pues sus posturas son irreconciliables -la empresa busca que se apliquen artículos del contrato como si el GSP ya hubiese estado operativo y el Estado se basa en que el proyecto nunca inició-.El Perú dejó sin efecto el contrato porque la empresa no cumplió con el cierre financiero. Ese es el hecho objetivo que puso fin al proyecto GSP y no la cláusula anticorrupción. Si bien el fiscal Rafael Vela afirma que cuenta con un acta firmada por la constructora brasileña Odebrecht, en la cual reconoce pagos ilícitos en el proyecto del Gasoducto del Sur (Gestión 9.07.2019), la empresa nunca ha reconocido públicamente que hubo soborno en el GSP a funcionarios del Estado. Y el caso en la Fiscalía aún está bajo investigación y no es suficientemente sólido.