Increíble la desfachatez que ha aireado la empresa Odebrecht al presentar una demanda contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, por una supuesta violación de sus obligaciones con el proyecto Gasoducto del Sur, luego de que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se decidiera finalizar la concesión al consorcio del que ellos eran integrantes mayoritarios. La indemnización que piden es de 1,200 millones de dólares.Todo esto pese a haber suscrito un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía, refrendado luego por el Poder Judicial, a través del cual se supo, por ejemplo, que, para adjudicación de ese proyecto, la constructora brasileña hizo correr una serie de sobornos entre funcionarios del Estado a todo nivel, como confesó abiertamente al Equipo Especial Lava Jato, del Ministerio Público, quien en esa época era su superintendente en el Perú, Jorge Barata.Ante semejante declaración de culpabilidad no solo de Odebrecht sino, asimismo, de uno de sus socios en el Consorcio al que se adjudicó la licitación (Graña y Montero), como bien ha apuntado el fiscal Rafael Vela, es un rotundo absurdo que la empresa haya acudido a un arbitraje internacional para salvaguardar una presunta vulneración de sus intereses. Es como decir "reconozco que gané la concesión con maniobras y pagos ilícitos, pero no me la puedes quitar porque te demando", suponemos que para recuperar lo invertido, entre otros rubros, en los millonarios sobornos que dispuso para ganar una megaobra que iba a significar el desembolso de unos 7,000 millones de dólares de inversión.