"La democracia y el Estado de derecho no pueden permanecer impasibles ante quienes decidieron rebelarse contra el orden constitucional", dijimos desde este espacio el 5 de enero del 2005, a propósito de la asonada etnocacerista que lideró Antauro Humala en Andahuaylas en los primeros días de aquel año y que resultó en el homicidio de cuatro policías.Quince años después, la circunstancia del llamado ‘andahuaylazo’ vuelve a hacerse relevante, con la presencia del partido Unión por el Perú (UPP) justamente en el seno de nuestro ordenamiento constitucional: el Parlamento. En efecto, la agrupación que quiso llevar al Congreso al señor Humala -cuya candidatura fue excluida por la condena que pesa sobre él- ha logrado hacerse de un número nada desdeñable de escaños (alrededor de 14) en el nuevo Legislativo, incluso colocando en tres de ellos a personas sentenciadas por los actos violentos del 2005.Se trata, pues, de una agrupación que reivindica y hace eco del discurso del referido líder etnocacerista, con todos los elementos radicales que lo componen. Y aunque estemos frente a una opción política que ha accedido al poder de manera legítima y democrática, ello no tiene por qué conjurar las preocupaciones que sus planteamientos suponen.