¿Reposiciones laborales? Sí, pero justificadas, que respeten el presupuesto y en las que los trabajadores cumplan con criterios de productividad. Este sería el razonamiento general del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Y para ello este sector buscará apoyarse en el decreto de urgencia que regula las negociaciones colectivas en el sector público.Esta norma, que fue publicada la semana pasada, permitirá que el MEF y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) puedan atender el problema que suponen los miles de pedidos de reposiciones judiciales de extrabajadores y locadores de servicios y otro tipo de personal.Juan José Martínez, presidente de Servir, explica que existirían 34,906 procesos de reposiciones en el Estado. Si fueran aprobados, tendrían un costo de S/1,455.6 millones para todos los peruanos porque si bien son recursos del Estado, estos podrían destinarse a la seguridad ciudadana, servicios de salud o lucha anticorrupción.