Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) decidió, por mayoría, declarar infundada la demanda competencial planteada por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra la disolución del Congreso, determinada por el presidente Martín Vizcarra el 30 de setiembre del año pasado. Los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos votaron a favor de la medida, mientras que Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero votaron en contra. Así, el TC ha marcado el fin oficial de una de las discusiones constitucionales más importantes de nuestra historia reciente: la que ponía en tela de juicio la pertinencia legal de la decisión del jefe del Estado de interpretar la denegación fáctica de la cuestión de confianza y, en consecuencia, definir el cierre del Parlamento. Sin embargo, si bien esta circunstancia ayuda a alcanzar una inmediata dosis de estabilidad tras meses de incertidumbre, no deja de ser controversial.