El 30 de setiembre, en un mensaje a la nación, el presidente Martín Vizcarra ordenó la disolución del Congreso de la República. Este, a pesar de los cuestionamientos del Gobierno y la cuestión de confianza presentada al respecto, había decidido continuar con el proceso ordinario de elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC); aquel interpretó esta circunstancia como la "denegación fáctica" de la confianza solicitada y definió el cierre del Poder Legislativo. Han transcurrido 100 días desde que el jefe del Estado tomó la decisión descrita y la ciudadanía ha tenido tiempo para asimilar las implicancias totales de esta. Con un Ejecutivo que ha estado ejerciendo sus funciones sin el contrapeso necesario y un proceso electoral en ciernes que debería desembocar, esperemos, en una representación un poco mejor que la anterior.