La vergonzosa crisis que padecen las fiscalías antidrogas se parece a las que afrontan las fiscalías anticorrupción y, en su momento, las antiterroristas. Y es que a la sobrecarga judicial que afrontan se suman limitaciones de personal y de presupuesto para financiar las investigaciones que debe realizar el Ministerio Público.Las carencias son ostensibles y la precariedad no se condice con instancias que tienen en sus manos el procesamiento de delitos graves, como los vinculados al narcotráfico y a los cárteles de la droga, que parecen haberse instalado en el país.El Gobierno tiene que sopesar lo que está en juego, más aun si consideramos que somos un país productor de estupefacientes. Evidentemente, no todo es problema de recursos. Expertos sostienen que la sobrecarga se produce, en muchos casos, por falta de criterio en la asignación de jueces y fiscales por cada subsistema judicial (anticorrupción, drogas, terrorismo), así como de reglas de procedimiento. No tenemos una política explícita respecto a cuáles son los casos que deben llegar a los tribunales y cuáles se pueden simplificar a través de la colaboración eficaz. Tampoco es claro con qué base se asignan los procesos, para no ver solo aquellos 'importantes' o los que causan impacto.Finalmente, hay dos temas de fondo: la eficacia de la función jurisdiccional en su conjunto y la urgencia del nuevo Código Procesal Penal que, se estima, contribuirá a agilizar los procesos.