El Estado peruano comunicó al CIADI su oposición al registro de la solicitud de arbitraje presentada por la constructora peruana Graña y Montero (GyM), señalando que esta no cumple con los requisitos jurisdiccionales para iniciar un arbitraje en dicha entidad. Fuentes de la defensa del Perú indicaron a La República que GyM "no es parte del Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano, por lo que no tiene legitimidad para activar la cláusula de solución de controversia".