Ayer, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) escuchó los argumentos del Legislativo y el Ejecutivo a propósito de la demanda competencial presentada por el primero de esos dos poderes en contra de la disolución del Congreso ordenada por el presidente Martín Vizcarra el 30 de setiembre. La circunstancia nos ha hecho recordar que han pasado desde entonces más de dos meses sin que las dudas sobre la constitucionalidad de una medida tan gravosa para la vida institucional del país hayan sido despejadas.Es cierto que la controversia que se desató en los días posteriores a esa disposición presidencial se fue diluyendo paulatinamente, hasta dar la impresión de que todo había vuelto a la normalidad. Pero eso, en el mejor de los casos, es testimonio de la madurez de la ciudadanía, que prefiere resolver las diferencias de opinión que existen al respecto de una manera civilizada (en lugar de a través de la agitación social) y no de que el problema haya sido superado. En ese sentido, sería absurdo asumir, como muchos pretenden, que el conflicto legal está "fácticamente" resuelto y que el pronunciamiento del TC sobre el particular va a ser solo un trámite con el que hay que cumplir para salvar las formalidades. Las rupturas del orden constitucional son eventos graves y no prescriben. Y resulta fundamental saber si eso es lo que ocurrió recientemente en nuestro país.