Ayer el pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió, por mayoría, declarar fundado el recurso de hábeas corpus presentado en favor de la señora Keiko Fujimori por su hermana Sachie: una decisión de la que se deriva la anulación de la prisión preventiva a la que la lideresa de Fuerza Popular ha estado sometida por más de un año.Se trata sin duda de un hecho de gran relevancia política, no solo por los afectos y desafectos que la excandidata presidencial del fujimorismo suscita entre la ciudadanía, sino también porque toca el nervio del límite, a veces borroso, entre las consideraciones legales y las que no lo son en la lucha contra la corrupción que algunos representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial vienen llevando delante de un tiempo a esta parte.Es probable que muchos de los que simpaticen con la lideresa de FP traten de identificar lo sucedido con una suerte de declaración de inocencia, mientras que la mayoría de sus detractores sostengan que la justicia no ha sido servida. Pero la verdad es que ninguna de esas visiones es atinada. La libertad de la señora Fujimori tiene múltiples pliegues que corresponde hacer evidentes en este momento para evitar las conclusiones apresuradas.