Ayer, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria admitió a trámite dos pedidos relacionados con el proceso que se le sigue, por el presunto delito de encubrimiento real, al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. El primero tiene que ver con el planteamiento del referido funcionario para que se archive la investigación que se le sigue y el segundo con la solicitud hecha por su par Bersabeth Revilla Corrales para que la otrora cabeza del Ministerio Público sea suspendida preventivamente por 18 meses del cargo de fiscal supremo.Como se sabe, la investigación que se le sigue a Pedro Chávarry por el presunto delito de encubrimiento real tiene que ver con la remoción de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del equipo especial Lava Jato, el 31 de diciembre del año pasado. Si bien la decisión fue abortada apenas dos días después por el mismo Chávarry, las circunstancias en las que esta se tomó en un primer lugar generaron, además de la indignación ciudadana, muchas suspicacias: la medida llegó cuando el país se preparaba para recibir el 2019 y ad portas de que el mencionado grupo de trabajo firmase el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Ello, sumado a los argumentos esgrimidos por el entonces fiscal de la Nación como sustento -que se había atentado contra la jerarquía institucional, se había violado la reserva de la investigación y que se había cuestionado su elección-, dejó la impresión de que la acción pretendía, sobre todo, sacar del juego a dos servidores públicos incómodos para ciertos grupos políticos.