Ayer el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que los miembros del Parlamento recientemente disuelto pueden postular en las elecciones de enero próximo.El razonamiento que dio pie a la decisión es que solo se trata de unos comicios "para elegir congresistas de la República que completen el período constitucional 2016-2021" y en esa medida no contraviene la prohibición de reelección aprobada en el referéndum del 2018.Con ello se ha puesto punto final a una materia que causó mucha controversia en las últimas semanas y que, de manera inadecuada, tuvo al Gobierno involucrado en la campaña. Y decimos que aquello fue inadecuado porque, si en general es importante que un presidente se abstenga de aprovechar la posición que ocupa para tratar de favorecer o perjudicar a los candidatos de unas elecciones que ocurren durante su mandato, en el caso del proceso actualmente en marcha, la necesidad de tal asepsia es indispensable. Como es obvio, la circunstancia de haber sido quien ordenó disolver el anterior Congreso convierte al actual mandatario en parte interesada en el resultado del 26 de enero, pues una futura mayoría parlamentaria adversa a él podría cuestionar la legitimidad de la tesis de la "denegación fáctica de la confianza" sobre la que basó su cuestionada medida y ponerlo contra las cuerdas.