LA RAÍZ DE LA MINERÍA

La inversión en exploración viene cayendo con fuerza desde que alcanzó su pico de US$905 millones en el 2012, pese a que contamos con el mayor potencial minero de América Latina, por encima de Chile, según el ránking del Instituto Fraser. En lo que va del año se redujo en 17%, acentuando el descenso de 15% del 2018.Algunas causas de esta mala racha son bien conocidas, como la conflictividad social, la sobrerregulación, las trabas burocráticas y la tensión política. Pero otras son menos evidentes como la inseguridad jurídica que despierta la vieja costumbre de ciertos sectores políticos de izquierda de insistir en reformas que amenazan la minería en el país, en desmedro de la predictibilidad requerida para las decisiones de inversión. La propuesta de los gobernadores regionales del sur para cambiar la Ley de Minería es solo uno de muchos casos. Dos proyectos de ley presentados por congresistas de la bancada de Nuevo Perú sirven para ilustrar el punto. El primero plantea derogar la ley que dispone la devolución del IGV a la exploración minera sustentándose en una falsedad. La exposición de motivos asegura que "constituye un benefi cio que solo eleva las grandes utilidades de las empresas mineras". La verdad, no obstante, es otra. El régimen solo aplica a aquellas que, "no habiendo iniciado operaciones productivas, realicen actividades de exploración"; es decir, a compañías que lejos de obtener utilidades sufren pérdidas en la búsqueda de yacimientos. Esto evidencia no solo un sesgo ideológico en contra de la minería, sino que los parlamentarios que firmaron la iniciativa ni siquiera se tomaron el trabajo de revisar la norma que pretenden eliminar, señala Marcial García, socio de Impuestos de EY Perú.