El anuncio del presidente Vizcarra planteando la urgencia de actualizar la Ley de Minería por su antigüedad y la necesidad de adecuarla a "nuestra realidad" para brindar "un marco legal claro a los inversionistas dando tranquilidad y desarrollo para todos (sic)", en un contexto en el que su único objetivo parece ser congraciarse con los gobernadores regionales de la macrorregión sur y no caer en las encuestas, es muy preocupante.Las trabas a la inversión minera no se originan en la Ley de Minería. Más bien, se encuentran en (i) otras leyes que afectan al sector como, por ejemplo, la legislación ambiental, sobre recursos hídricos, consulta previa, patrimonio cultural, laboral, tributación, que influyen más en las decisiones de inversión que la Ley de Minería; (ii) normas de rango inferior que imponen trámites y requisitos innecesarios; (iii) la incertidumbre, ineficiencia y demora excesiva para el otorgamiento de los permisos requeridos; (iv) la falta de predictibilidad e irracionalidad para imponer sanciones y, especialmente, (v) la precaria institucionalidad dentro del contexto de conflictos sociales que genera mucha incertidumbre sobre la viabilidad de desarrollar los proyectos.