Ayer, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó -con votos de Fuerza Popular, el Apra, Contigo, Unidos por la República y, en algunos casos, de Alianza para el Progreso y Nuevo Perú- una serie de medidas y pedidos que parecen estar dictados todos por un mismo ánimo político: el de estoquear al Ejecutivo y, particularmente, al presidente Martín Vizcarra.El grupo de trabajo parlamentario que preside Segundo Tapia acordó, por un lado, solicitarle al pleno una ampliación de 90 días para continuar con sus investigaciones del Caso Chinchero, así como facultades para investigar por 120 días el Caso Conirsa. Ambos, como se sabe, potencialmente vinculados con el jefe de Estado.Aprobó, por otro lado, pedir ese mismo tipo de facultades para indagar sobre la posibilidad de que el mensaje a la nación que el mandatario pronunció el pasado 28 de julio -y en el que anunció su proyecto de adelanto de elecciones- no hubiese sido aprobado previamente por el Consejo de Ministros, como manda la Constitución.