Una propuesta en el proyecto de Ley General de Minería de los gobernadores del Sur es la obligación de entregar acciones de los proyectos mineros nuevos a las comunidades en abierto conflicto con el esquema de hoy que aborda el problema de la relación sobre la base de un caso por caso, que lleva a la empresa minera a compensar a los ocupantes de la superficie alcanzando alguna clase de acuerdo.El proyecto propone igualmente el traspaso a los gobiernos regionales de la fiscalización ambiental de la minería, por encima de los organismos del gobierno central, como la OEFA.El proyecto propone, por último, regresar al esquema de una gran empresa minera estatal.