En medio de la profunda crisis política generada por la propuesta del presidente Martín Vizcarra de adelantar las elecciones generales al 2020 y de noticias muy poco alentadoras en el campo económico, una declaración del presidente de Petro-Perú, Carlos Paredes, sobre las necesidades financieras que enfrenta la empresa para culminar el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara pasó inicialmente desapercibida. Es conveniente comentarla, pues demuestra de qué manera las decisiones irresponsables tomadas en el pasado nos pasan una onerosa factura. Como reseñó El Comercio la semana pasada, Paredes -economista con conocimiento y experiencia en las finanzas- manifestó su preocupación por la estructura de financiamiento del proyecto, que involucra una inversión de cerca de US$5.000 millones. Paredes está buscando vías de solución al elevadísimo nivel de endeudamiento de Petro-Perú, y mencionó que la ruta podría consistir en que el Tesoro Público asuma entre US$1.000 y US$1.500 millones de la deuda de la empresa. US$1.500 millones es muchísimo dinero. Ese monto equivale a casi el 60% de la inversión pública asignada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a cerca de cuatro veces lo asignado a inversión en el Ministerio de Educación. Se podrían construir 34 hospitales similares al Hospital de Moyobamba recientemente inaugurado o 71 colegios nacionales de alto rendimiento.Si se concreta la iniciativa planteada por el presidente de Petro-Perú -seguramente razonable desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera de la empresa-, el Estado tendrá que asumir esa deuda y los ciudadanos tendremos que honrarla con nuestros impuestos. Es decir, ocurriría lo que muchos temimos cuando ese proyecto se inició en el gobierno del presidente Ollanta Humala: que costaría mucho más (en julio del 2013 se anunció que la inversión sería de US$2.700 millones), y que, contrariamente a lo afirmado por las autoridades de entonces, los contribuyentes terminaríamos financiando gran parte de esta aventura, señala Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría.