El presidente de la República, Alan García, promulgó la ley que modifica y hace más rigurosas las penas por todo acto de violencia perpetrado contra los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público.Sobre estas nuevas penas, el presidente García indicó que mediante ellas "el gobierno busca afirmar la autoridad y cimentar el respeto a la ley y al Estado". Así, si algún miembro de las instituciones mencionadas es asesinado durante el cumplimiento de sus funciones, el o los culpables del crimen recibirán condenas de entre 15 y 35 años de cárcel. Por otro lado, la ley contempla penas de entre cinco y doce años de prisión a quien genere lesiones graves ("invalidez o anomalía psíquica permanente o desfiguración grave y permanente") a alguna autoridad del Estado. Cabe precisar que los artículos modificados son los 108, 121 y 367 del Código Penal.