Cualquier individuo racional consideraría absurdo que Rusia, EE.UU. o Noruega renuncien a explotar su petróleo; o que Chile, Australia y Canadá prescindan de sus recursos minerales. Esos recursos naturales son fuente primordial de su progreso. Pues ese es el absurdo camino que el Perú viene recorriendo en relación con su riqueza minera. Desde el 2005 en que el incipiente movimiento antiminero logró frustrar en Piura un proyecto de minería moderna, el movimiento antiminero ha ganado cada vez más fuerza en medio del vacío creado por un Estado pusilánime y ausente.Hoy, después del sainete de Tía María, ya nadie recuerda Tambogrande y el daño perpetrado con la pretendida falsa excusa de defender el medio ambiente, el limón y el cebiche. Tampoco se menciona el desastre ecológico causado por el mercurio y el arsénico que la minería informal libera ahora en el ambiente.El perjuicio que desde entonces se ha causado a la nación es enorme. Basta recordar que en el 2011 el Ministerio de Energía y Minas (Minem), al evaluar los proyectos mineros prestos a iniciarse, planeaba que para este y el próximo año el Perú produciría 6 millones de toneladas de cobre. Es decir, el Minem nos decía que alcanzaríamos a Chile, el primer productor mundial (Chile produjo el año pasado 5,8 millones de toneladas; el Perú 2,4). Se auguraban igualmente enormes aumentos en la producción de otros metales. Es imposible no preguntarse qué hizo el Estado para evitar que un débil movimiento antiminero privara al país en todos estos años de semejante aumento de riqueza y progreso. La experiencia de Tambogrande sirvió de nada a sucesivos gobiernos, incluyendo al que llegó al poder azuzando el rechazo al progreso con la crasa demagogia resumida en su lema de "agua sí, oro no", señala Roberto Busada Salah, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE).