Una encuesta publicada por este Diario, en el marco del conflicto en torno al proyecto Tía María, reveló que el 54% de peruanos informados sobre el tema están en contra del proyecto minero. La cifra, además, supone un aumento considerable respecto a las registradas en los dos meses anteriores (38% en junio y 47% en julio) coincidente con el desarrollo de las protestas en Arequipa. Cifras de este tipo, en manos de un gobierno que guía sus acciones a partir de ellas, podrían ser interpretadas como una oposición a la ejecución de la mina per se y, por ende, como un aval a la decisión del presidente Martín Vizcarra de cambiar su posición sobre la licencia que su propio gobierno emitió. No obstante, una revisión de la letra pequeña de esta encuesta da cuenta de otro mensaje: el gobierno no ha cumplido con su obligación de garantizar que las condiciones estén dadas para la ejecución del proyecto.Así, podemos explicar las razones planteadas por quienes se oponen a Tía María. El 52% lo hace: "porque no creo que el gobierno vaya a supervisar que la mina no cause daño ambiental"; 22%, "porque no creo que vayan a construir una planta desalinizadora para usar agua de mar, creo que van a usar agua del valle" y 16%, "porque si un sector de la población se opone, puede haber más violencia". Todas posiciones que se sostienen en reparos que el gobierno pudo procurar disipar.La primera, por ejemplo, evidencia la desconfianza de las personas a la pericia con la que el Estado pueda llevar a cabo sus responsabilidades de vigilancia luego de que Tía María entre en operación. Una situación que, además, demanda particular atención habida cuenta de que el ejercicio correcto de la minería formal exige que el ente que la regula tenga un mínimo de legitimidad, algo de lo que, por lo menos en este campo, el Ejecutivo carece.